Ley sobre nomenclatura urbana, una necesidad impostergable

Durante el encuentro el diputado Carrasquilla reiteró el compromiso de la Asamblea de legislar en beneficio del pueblo y su política de puertas abiertas donde los proyectos aprobados son el resultado del consenso y la consulta ciudadana.

“Para que haya debate tiene que haber consulta y participación, por ende, este proyecto está abierto a todas las provincias y a los actores involucrados en el tema”, sostuvo el parlamentario, al señalar que con este proceso se ha logrado resolver interrogantes y recoger propuestas que van a enriquecer el proyecto de ley.

De acuerdo con los comisionados, miembros de la instancia legislativa, las tres consultas realizadas al documento en Panamá, Veraguas y Herrera han sido positivas porque llena la expectativa y despierta un gran interés en mejorar el manejo de los recursos del Estado, a través de una sistematización de inmuebles, calles, sitios históricos y turísticos que guardan relación con el crecimiento del país.

Este proceso que será ejecutado gradualmente por el Estado a través de los municipios y las juntas comunales, permite determinar sobre el terreno la ubicación de un determinado edificio, vivienda o globo de tierra, es decir, definir su dirección por medio de un sistema de mapas, letreros y placas científicamente establecidos que indican la numeración o la denominación exacta de las calles y las construcciones.

La norma beneficiará a la población, a los gobiernos locales y al sector privado. En cuanto a la población, le otorgará una lectura más fácil de la ciudad, mejora la localización y la identificación de inmuebles, facilita las intervenciones de urgencia como los servicios de ambulancias, bomberos y policía.

A los gobiernos locales les promoverá el mejoramiento de los recursos y la gestión urbana, al constituirse en una herramienta de programación y de gestión de los servicios técnicos. Impulsará el conocimiento del patrimonio público como la vialidad y los equipamientos comunitarios al establecer un sistema de seguimiento y de ayuda para la planificación y programación de la inversión urbana.

Y al sector privado, facilitará la administración de las redes a los concesionarios de servicios públicos de los sistemas de distribución de agua, electricidad y telecomunicaciones, en cuanto a la instalación y los cobros por los servicios.

Este proyecto es cónsono con el proceso de descentralización de la administración pública, que constituye parte de las políticas de Estado necesarias para garantizarla mediante el fortalecimiento de las capacidades, la transparencia de recursos necesarios a los gobiernos locales y la coordinación proveniente del Gobierno Central en la inversión pública.