Según el texto, la intención es mantener en este siglo el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y realizar esfuerzos para que no supere los 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.
La magnitud de la tarea fue acentuada una vez más por el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el 9 de diciembre, que señala que el ascenso de las temperaturas en el planeta en este siglo será superior a los 3 grados centígrados a pesar, incluso, de la caída de las emisiones de dióxido de carbono por la pandemia del coronavirus.
Casi 200 firmantes
El Acuerdo de París fue adoptado en la 21 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en la capital francesa, por las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El documento quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 después de que se cumpliera el llamado doble criterio, es decir, la ratificación del acuerdo por 55 países responsables de al menos 55% de las emisiones globales.
Actualmente, son 197 los países firmantes, de los cuales 189 lo han ratificado.
EEUU, el segundo país, tras China, en cantidad de emisiones, ratificó el documento el 3 de septiembre de 2019, pero tan solo dos meses después, el 4 de noviembre de 2019 la Administración del presidente Donald Trump informó a la ONU que salía del pacto. Un año después, el 4 de noviembre de 2020 Washington se retiró oficialmente del Acuerdo de París.
Mientras, Joe Biden, ya anunció que volverá a participar en la convención.
Conciliar el clima y el desarrollo
El Acuerdo de París es una continuación del Protocolo de Kioto aprobado en 1997 pero vigente solo desde febrero de 2005 que por primera vez reunía los esfuerzos globales para hacer frente al cambio climático.
A diferencia de la convención anterior, el Acuerdo de París no establece cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero para los países industrializados, pero exige a las partes que hagan todo lo que esté dentro de sus posibilidades para combatir el calentamiento.
También prevé un apoyo financiero a los países en desarrollo con tal de que puedan cumplir con los objetivos y un sistema de estímulos para alentar a los países y las empresas que reducen las emisiones.
Además de limitar el aumento de la temperatura el documento aspira a incrementar la capacidad de los países de afrontar los efectos adversos del cambio climático y lograr que flujos financieros se puedan compaginar con el bajo nivel de emisiones sin que se dañe el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza o la producción de alimentos.
Se prevé optar por modelos de desarrollo de bajo nivel de emisiones y una transición gradual hacia las tecnologías verdes desde los métodos convencionales de producción, procesamiento y uso de materias primas, ante todo de hidrocarburos.
El documento encarga a los gobiernos la elaboración de medidas concretas para combatir el cambio climático, lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y revisar para 2020 sus estrategias en el ámbito para hacerlas más ambiciosas. También compromete a los países a reunirse cada cinco años a partir de 2023 para evaluar y actualizar sus contribuciones.
Mayores ambiciones
En la COP25, celebrada en 2019, 84 países declararon su intención de presentar planes nacionales sobre la lucha contra el cambio climático para 2020.
Sin embargo, entre estos países no figuraban China, la India, Japón y Rusia, que junto con EEUU son los cinco estados con el nivel más alto de emisiones de dióxido de carbono.
Once de ellos (Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Suecia) optaron para aumentar el nivel de sus ambiciones y lo plasmaron en los planes nacionales de reducción de emisiones.
