Protestan indígenas panameños contra el gobierno

El reclamo es para exigir a la institución el cumplimiento del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2014, que ordenó delimitar estos territorios y otorgar la titulación de tierras colectivas, las cuales ocupan esos pueblos originarios desde hace más de medio siglo.

'MiAmbiente nos está violando nuestros derechos', dijo a periodistas Julián Mecha, presidente del Congreso General Emberá-Wounaan, pues desde 2016 la Autoridad Nacional de Tierras trasladó el expediente a esa institución, la cual alega que esa área está dentro de la Reserva Hidrológica del Río Majé, en el Este del país.

'Este es el inicio de una serie de acciones de protesta que estaremos llevando contra el gobierno y contra MiAmbiente, hasta lograr que se respeten nuestros derechos y se reconozcan de una vez por todas la titulación efectiva de nuestras tierras', manifestó Lázaro Mecha, Cacique de Majé Emberá Drúa.

'Cientos de hectáreas son devastadas cada año para la ganadería y la agricultura, mientras nosotros esperamos que nos titulen nuestras tierras colectivas para protegerlas', afirmó Eliberto Membache, presidente del congreso local de Majé Chimán, una de las áreas en disputa.

Por su parte, el cacique general de Majé, Lázaro Mecha, anunció recientemente la posibilidad de cerrar calles, como medida de fuerza, porque las autoridades no tienen voluntad de solucionar el conflicto y responsabilizó al titular de MiAmbiente, Emilio Sempris, por lo que pueda suceder.

En varias ocasiones hubo enfrentamientos violentos entre invasores de esas tierras estatales, quienes talan indiscriminadamente el bosque para vender madera y, además, utilizar los terrenos para la ganadería, sin autorización oficial para ello, pero con la tolerancia de autoridades, denunciaron voces de ambas etnias.

Los líderes indígenas enfatizaron que fueron 'extremadamente pacientes' y que en la institución descansan las solicitudes de los títulos colectivos, tal como lo dispone la Ley 72, lo cual favorecería a unos tres mil originarios, pero el Gobierno les ha negado el reconocimiento de sus derechos, sentenciaron.