Ante esta situación, el personal del MITRADEL procedió a citar a los representantes de las empresas de transporte público para la que trabajan las personas menores de edad, a fin de imponerle las sanciones que establece la ley.
Por su parte, el MIDES procedió a captar toda la información de las personas menores de edad con el propósito de ver si los mismos pueden aplicar a algún tipo de asistencia social.
La Defensoría del Pueblo expresó su compromiso de seguir con estas inspecciones en diversos sitios en los cuales se presume hay menores de edad laborando, para contribuir así con la erradicación del trabajo infantil.
