La medida se da luego de la decisión de Panamá de solidarizarse con los más de 300 nicaraguenses a quienes Ortega les removió la nacionalidad.
Panamá se sumó a Chile, Argentina, Uruguay, México y España como países que ofrecieron la nacionalidad panameña a los nicaraguenses desterrados.
Esta retirada lleva aparejada un nuevo nombramiento, derivado del Ministerio de Exteriores de Nicaragua, y por el que el Gobierno de Ortega designa a una ministra consejera "con funciones consulares" en la Embajada de Panamá, Consuelo Sandoval Meza, lo que implica 'de facto' una rebaja de las relaciones diplomáticas.
El régimen nicaragüense, que controla también la Asamblea Nacional, reformó la Constitución para avalar este tipo de medidas contra aquellas personas que fuesen consideradas como "traidoras a la patria", una categoría en la que Ortega incluye prácticamente a cualquier individuo u organización percibida como disidente.