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Martinelli se enfrentará a justicia por caso Odebrecht

El Tribunal Electoral (TE) de Panamá comunicó que mantendrá la suspensión del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) quien podría enfrentar a la justicia en el caso de Odebrecht.

27 julio 2022 |

El beneficio fue otorgado al gobernante, también líder del partido Realizando Metas, en medio de comicios internos para renovar su directiva, proceso que concluyó la víspera.

De esa manera, el multimillonario deberá someterse a una audiencia pospuesta para el 12 de septiembre de este año, en la que la Fiscalía presentará cargos a más de 60 personas implicadas.

La jueza Baloisa Márquez, a cargo del proceso, había solicitado suspender el fuero, para que Martinelli sea procesado por presunto blanqueo de capitales y soborno de funcionarios públicos, una investigación que data de 2017.

La audiencia preliminar debió comenzar el pasado 18 de julio y hasta el 5 de agosto, pero la postergaron por la ausencia de abogados de la defensa, algunos de manera injustificada, por lo que fueron multados.

En la vista los acusados responderán por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país es señalada como la de los sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.

La investigación también involucra al expresidente del istmo Juan Carlos Varela (2014-2019) y a varios exministros.

Además de las personas naturales, hay una jurídica: Importadora Ricamar, que comercialmente opera la cadena de mercados Súper 99, propiedad de la familia Martinelli.

Según analistas, Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.

En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagara al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.

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